La Cámara de Diputados aprobó, el pasado 1 de febrero, la reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), relacionada con la estructura del instituto y la mayor intervención del gobierno en sus decisiones.

La reforma, que fue respaldada por 346 votos a favor y 90 en contra, modifica algunas funciones del Infonavit y amplía su mandato hacia la construcción de vivienda, lo que marca un giro en la política habitacional del país.

Uno de los puntos más controversiales de la reforma fue la modificación del carácter tripartito del Infonavit.

Históricamente el instituto ha funcionado bajo una estructura en la que gobierno, patrones y trabajadores tienen un rol equilibrado en la toma de decisiones.

Con la nueva reforma, el gobierno asume una posición preponderante, aunque se mantiene la representación tripartita en los órganos de gobierno, como la Asamblea General, el Consejo de Administración y las comisiones de vigilancia y auditoría.

Y en cuanto a la operación del Infonavit, la reforma establece que el instituto podrá ampliar su mandato hacia la construcción de viviendas de interés social.

Para ello, se creará una empresa filial que no será una entidad paraestatal, sino una empresa bajo el derecho mercantil.

Este cambio tiene como objetivo cumplir con la meta de construir 500 mil viviendas en el actual sexenio.

Reforma al Infonavit: Un paso hacia la transparencia y la vivienda digna

Otro cambio importante en la reforma es la regulación de la figura de arrendamiento social con opción a compra, cuyo monto de renta no deberá superar 30% del salario del trabajador.

Se prohíbe, además, la actualización del saldo, el pago por concepto de amortización y los accesorios de los créditos hipotecarios, lo que busca proteger a los trabajadores de incrementos inesperados en sus deudas.

También, la reforma otorga nuevas facultades a la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el objetivo de aumentar la fiscalización del Infonavit y garantizar el uso adecuado de los recursos del instituto.

El proyecto de decreto también incluye una serie de medidas para proteger los intereses de los trabajadores, como la prohibición de la actualización de saldos y la protección de los créditos hipotecarios.

Además, se establece que los trabajadores seguirán recibiendo su crédito directamente, con la intervención de organismos fiscalizadores.

El dictamen aprobado en la Cámara de Diputados se ha enviado al Senado para su análisis y eventual aprobación en las próximas semanas.