De acuerdo con MoradaUno, medidas como los topes a los incrementos de renta —ligados a la inflación—, el registro obligatorio de contratos y el fortalecimiento de los derechos del inquilino están redefiniendo las reglas del juego, particularmente en la Ciudad de México.
En este contexto, el incumplimiento se vuelve más costoso. Las sanciones pueden superar los 97 mil pesos, además de posibles clausuras, lo que obliga a los arrendadores a cumplir con la emisión de comprobantes fiscales y la correcta declaración de ingresos.
Diego Llano, COO de la proptech MoradaUno, señaló que el mercado está transitando hacia un modelo más institucionalizado, donde el cumplimiento legal y fiscal se convierte en un factor competitivo. “El arrendador ya no solo compite en precio o ubicación, sino también en cumplimiento”, destacó.
Rebeca Godínez, fundadora de RGS Asociados, explicó que, bajo esquemas como el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), el ISR puede ubicarse en niveles de un solo dígito, aunque su conveniencia depende del perfil de ingresos y gastos del arrendador.
Hoy en día, los propietarios pueden optar entre el régimen tradicional de arrendamiento —que permite deducciones— y el RESICO, con tasas reducidas, pero sin deducciones, lo que hace indispensable una evaluación estratégica.
Este nuevo entorno, que comienza a replicarse en otras entidades del país, anticipa una tendencia hacia la formalización del mercado. En este escenario, la operación del arrendamiento deja de ser un ingreso pasivo y se consolida como una actividad que requiere planeación, disciplina fiscal y asesoría especializada para mantener la rentabilidad.
