Según el análisis “Consecuencias de una eventual aprobación de la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica” que dio a conocer el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la reforma que pretende el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, será abiertamente violatoria de las cláusulas de protección de inversiones en acuerdos comerciales, incluyendo al T-MEC.
Según el CCE, los cambios violentarán el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP); Los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) además de todas las cláusulas de protección de inversiones de tratados comerciales firmados por México.
De 2016 a 2022 el promedio del presupuesto de inversión física de CFE para obra pública (activos nuevos) excluyendo pago de PIDIREGAS y mantenimiento de activos existentes, es menos a los 700 millones de dólares anuales.
La inversión extranjera directa de la iniciativa privada durante el mismo periodo ha sido 2.5 veces mayor, a lo que se debe sumar la inversión nacional.
Además, CFE tendría que triplicar su presupuesto anual de inversión para obras públicas, elevándolo hasta unos 2,500 millones de dólares anuales, para únicamente igualar lo que se venía invirtiendo en el sector.
Creará más costo
Según el CCE, la reforma además, Tan solo para CFE, eso implicaría un incremento del costo de suministro básico de 621,000 mdp en los próximos diez años, con lo que se prevé, para 2031, en conjunto con el subsidio eléctrico, los sobrecostos alcanzarían más de 1.4 billones de pesos acumulados.
En cuanto a la inversión extranjera, según el organismo empresarial, al día siguiente de la aprobación de la reforma, todas las plantas de generación privada carecerán de permiso para producir electricidad.
Las más contaminante
Finalmente, el Consejo señaló que de aprobarse, cancelará la transición energética en México, es decir, el país se convertirá en una antiseñal contra el cambio climático, lo que va en contra de lo que el 85% de la población exige, que es el uso de más energías limpias. En lugar de lograr sus metas, México incrementaría sus emisiones de gas efecto invernadero en más de 46%.
Aunque el CCE no lo mencionó, en la práctica, se estaría creando un monopolio estatal similar a los países socialistas, en los que sectores que hoy están regidos por la garantía de competencia y libre concurrencia – como la generación, suministro y comercialización eléctrica – quedarían reservados al Estado y controlados por CFE.
En este sentido, los generadores sólo podrán venderle a CFE y los consumidores sólo podrán comprarle a CFE, a las tarifas que esta disponga como en los países con regímenes autoritarios.
