La industria automotriz de México contribuye con el 3.4% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y el 18.7% del manufacturero e influye en 253 actividades económicas del país, entre las que destacan 15 del sector primario, 104 del sector secundario y 134 del sector terciario.

El sector automotriz en conjunto genera más de 2 millones de empleos directos en sus diversos eslabones productivos. En una coyuntura global, México debe privilegiar mecanismos que aseguren el mantenimiento de los actuales empleos además de potenciar mayor inversión.

Aunado a lo anterior, México es el séptimo productor y cuarto exportador de vehículos ligeros, quinto productor en autopartes y el primer exportador de tractocamiones en el mundo. Sin embargo, un decreto presidencial pone en peligro al sector.

Audiencia

Los organismos que representan al sector automotor en México solicitaron audiencia al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para analizar las consecuencias de la regularización de vehículos ilegales, pero que se legalizaría este fin de semana.

A través de un comunicado, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) destacó que “la introducción y comercialización de vehículos usados procedentes de EU sin cumplir el procedimiento aduanero es un delito que se ha pretendido resolver sin éxito mediante disposiciones del Poder Ejecutivo y el Legislativo, tal como lo acredita la existencia de 19 procesos de regularización en el periodo de 1979 a 2011”.

La AMDA agrega, que al margen de la buena fe en la que pudieron incurrir quienes poseen vehículos ilegales, “es un delito que beneficia a organizaciones criminales. En lo que respecta a la utilización de vehículos en los actos criminales es notoria la utilización de vehículos con condiciones mecánicas que les aseguren su objetivo y proceden generalmente del robo de unidades de modelo reciente que son fácilmente desechados después de su uso”.

La asociación agregó que los autos catalogados por las aseguradoras de EU como “salvage, pérdida total o chatarra, no pueden seguir siendo introducidos al mercado mexicano por elemental seguridad además de representar un grave riesgo tanto a los propietarios como a terceros”.

Esta “regularización afectará el patrimonio de los propietarios en el país, quienes cumplen con sus obligaciones fiscales, al disminuir el valor de los mismos ante la saturación de la oferta que se dará con la regularización”.

Jurisprudencia vigente

La legalización del contrabando sólo dará pauta a la exacerbación del fenómeno, por eso es imprescindible atacar el problema de la presencia de vehículos ilegales en determinadas zonas del país, a través del cumplimiento de las leyes vigentes planteadas para velar por el bien común de las y los mexicanos.

Permitir la entrada de autos chocolate será una oportunidad para incrementar “la basura automotriz en nuestro país e introducir tantos o más vehículos de los que actualmente circulan ilegalmente”.

La AMDA citó la Jurisprudencia 2a./J.3/2013(10a) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que “la citada medida cautelar no puede tener el efecto de permitir la importación de vehículos usados al territorio nacional sin respetar las regulaciones y restricciones establecidas (…) el Estado Mexicano está interesado en que no se afecte la economía nacional mediante la introducción indiscriminada de vehículos realizada por personas físicas o morales que no cumplan con los requisitos o condiciones establecidos, de ahí que se afectaría en un grado mayor a la colectividad con la concesión de la medida”.

Con información de Infobae