La aplazada reforma a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que envió el Presidente de México al congreso, tendrá varios efectos negativos a nivel nacional e internacional de ser aprobada.

Primeramente, debilitará el Estado de derecho; desalentará la inversión privada; y finalmente, inversionistas de países con tratados bilaterales de inversión y acuerdos de libre comercio con México impugnarán esa ley en los tribunales, vía el arbitraje internacional, para proteger sus inversiones y recibir su compensación.

“La iniciativa energética propuesta por el presidente de México López Obrador para enmendar la constitución resultaría en acciones de calificación negativas para proyectos privados de energía si se convirtiera en ley”, dice Fitch Ratings.

Argumentó que las reformas energéticas aprobadas en 1992 y 2013 se revertirían y se otorgaría el control total del mercado eléctrico a la CFE, además que “la propuesta cancelaría todos los acuerdos privados de compra de energía (PPA). Y a su vez, la terminación del PPA desencadenaría un evento de incumplimiento y aceleraría la deuda del proyecto en la mayoría de los casos. No está claro si los pagos por terminación del contrato serían exigibles si los contratos dejan de ser válidos”.

Además, afirma, se abolirían la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) con lo se dará al traste con “la transparencia operativa y la competencia del sistema, ya que no habría árbitros que equilibren el poder de mercado entre participantes y se cancelarían los Certificados de Energía Limpia (CELs), eliminando uno de los principales mecanismos para promover generación de energía limpia en México”.

La propuesta pondrá todo el suministro de energía de México (generación, transmisión, distribución y suministro) bajo el control de la CFE, “poniendo fin a la autonomía del operador independiente del sistema del país”, es decir, creando un monopolio energético estatal.

Además, como se ha venido informando en Real Estate Market, “se incentivaría a la CFE a restringir el acceso a la red, limitar los permisos de nuevas empresas de generación privadas (GenCos) y limitar la inversión en nuevas líneas de transmisión para conectar GenCos privados, exponiéndolos a riesgos de restricción. Esto probablemente desplazaría la energía solar privada (paneles solares) y la generación de energía eficiente basada en gas”.

La calificadora prevé una crisis para 2024 de suministro, deuda y alza de tarifas.

“Si se aprueba la iniciativa, Fitch cree que la capacidad del sistema se verá presionada a partir de 2024 y que será necesaria la participación privada para ejecutar los proyectos de nueva generación. Se requerirán aumentos de tarifas para los usuarios finales y / o subsidios gubernamentales para cubrir los costos operativos incrementales”.

Actualmente, el 60% de la electricidad del país proviene de GenCos, principalmente a través de instalaciones eficientes a gas y fuentes de energía renovables. Según la nueva propuesta, la generación privada de energía se limitaría al 46%.

“Esto introduciría incertidumbre en la demanda y los precios futuros, sino que también podría resultar en flujos de efectivo más volátiles, lo que socavaría la emisión de deuda a largo plazo. Es posible que la deuda deba reestructurarse de acuerdo con los nuevos contratos y los emisores podrían ver un aumento en los costos de la deuda”.