México ha ido perdiendo su tractivo en inversión minera, y la reciente reforma a la ley respectiva empeoró el panorama; en el 2021 se ubicó en el sexto lugar de atracción en Latinoamérica, cuando en el 2018 ocupaba el sitio tres.
Así, el país salió del Top 5 en atracción minera de la región, en donde Ecuador, Colombia, Chile y las provincias argentinas Salta y San Juan, superaron lo superaron.
El índice de atracción de inversión minera de Fraser Institute también reveló que México se posicionó en el lugar 34 en atracción minera, mientras en el 2018 el sitio 29 de 83.
De acuerdo con una publicación de Reforma, la percepción de las políticas públicas mineras también empeoró en el México, al ocupar el sitio 54 de 84. En el 2018 estaba en el lugar 48.
Para especialistas, por ser negocios que requieren muchos recursos, con largos periodos de maduración y fuertes niveles de riesgo, el gobierno no tendría la capacidad de inversión necesaria para sacar adelante el proyecto minero y tendría que descuidar otros programas.
La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) dijo que no es necesaria una reforma a la Ley minera para nacionalizar el litio, pues todos los minerales son del dominio directo de la nación.
Y que, a través de un organismo público, se lleve a cabo el aprovechamiento del litio, implicará la asignación de recursos públicos de largo plazo y de alto riesgo, lo cual atentaría contra las finanzas públicas.
“Se estará enviando un mensaje negativo a los inversionistas, se generará incertidumbre e inseguridad jurídica, que ahuyentará las inversiones, de por sí con una tendencia preocupante a la baja… Y esto se traducirá en menos empleo, menos recaudación fiscal y un menor crecimiento para las comunidades mineras”.