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A partir de este año, el concreto premezclado utilizado en desarrollos de vivienda en México deberá cumplir con estrictos estándares de calidad y certificación. El objetivo es elevar los estándares de seguridad, sustentabilidad y calidad del uso de concreto en las viviendas.

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Esto es resultado de un convenio firmado entre la Asociación Mexicana de la Industria del Concreto Premezclado (AMIC) y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), que busca garantizar materiales más resistentes, optimizar costos y reducir el impacto ambiental de la construcción.

 

Luis Alberto Moreno Gómez Monroy, presidente de CANADEVI, destacó que esta alianza representa un avance significativo para la industria de la vivienda en el país. "La certificación del concreto premezclado no solo garantizará construcciones más seguras y duraderas, sino que también permitirá una mayor eficiencia en costos y menos desperdicio de materiales", afirmó.

 

Por su parte, Rodrigo Córdoba García, presidente de AMIC, subrayó la importancia de este acuerdo para elevar la calidad de la construcción en México. "El concreto es la base del desarrollo y de la construcción en el país. Con este convenio, aseguramos que cada vivienda construida cuente con materiales de la más alta calidad, reduciendo riesgos estructurales y promoviendo el uso de tecnologías más limpias y sustentables", señaló.

 

 

El convenio beneficiará directamente a los compradores de vivienda al establecer criterios claros de calidad, minimizar desperdicios de insumos y fortalecer la confianza en los procesos constructivos. Dado que el concreto premezclado se utiliza en el 100% de las viviendas industriales del país, su certificación representa un paso fundamental para profesionalizar la industria.

 

Con una vigencia inicial de un año, el convenio contempla la incorporación gradual de sus lineamientos a lo largo de 2025, con metas concretas en certificación de desarrolladores y reducción de desperdicios.

Además, se prevé la colaboración con autoridades locales y federales para alinear las regulaciones del sector con los objetivos de desarrollo urbano sostenible. Esto permitirá una mayor transparencia en la cadena de suministro, mejores prácticas en licitaciones de obra pública y la modernización de normativas de construcción en México.