La infraestructura no es un gasto: Es una inversión estratégica para el futuro del país. Bajo esa premisa, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) presentó una ambiciosa propuesta para detonar el crecimiento económico mediante el fortalecimiento de la inversión en infraestructura, de cara al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 y con una visión proyectada al 2030.
En la actualidad, México ocupa el sitio 54 en infraestructura, entre 140 naciones evaluadas, entre otros motivos está el detalle de perder el 40% del agua potable en fugas y solamente el 15.4% del total de la generación de energía primaria proviene de energías renovables.
“La infraestructura es el catalizador del desarrollo nacional. No solo mejora la conectividad y la competitividad, sino que también genera empleos, promueve el bienestar y reduce brechas sociales y económicas”, afirmó Méndez Jaled.
El dirigente empresarial hizo énfasis en que esta estrategia debe estar acompañada de una planeación rigurosa, mecanismos de evaluación y transparencia que aseguren el impacto social y la resiliencia de los proyectos. En ese sentido, enumeró seis beneficios clave de la inversión en infraestructura:
▪ Impulsa el crecimiento económico regional y nacional
▪ Genera empleos directos e indirectos
▪ Mejora la calidad de vida y el bienestar social
▪ Fortalece la competitividad y la atracción de inversión productiva
▪ Incrementa la recaudación fiscal
▪ Cierra brechas estructurales en sectores logísticos, energéticos y sociales
La CMIC también propuso la creación de un Plan Integral de Financiamiento de Infraestructura, que capitalice diversas fuentes de inversión, incluyendo proyectos con fuente propia de repago, ampliación de concesiones, y la colaboración activa con instituciones como el Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), Banobras y Nacional Financiera (NAFIN).
Además, Méndez Jaled reiteró la relevancia de actualizar el marco normativo mediante la Ley de Inversiones Mixtas para el Bienestar, que reemplazaría a la actual Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP). Este nuevo enfoque legal buscaría priorizar el impacto social, la sostenibilidad ambiental y la rendición de cuentas como ejes centrales de la colaboración entre los sectores público y privado.
“La infraestructura no debe entenderse como una carga presupuestaria, sino como el cimiento sobre el que se construye el México del futuro: Competitivo, incluyente, moderno y resiliente. En la CMIC estamos listos para impulsar los proyectos que nos posicionen como una potencia logística, industrial y social”, concluyó Méndez Jaled.
Esta visión de largo plazo y colaboración intersectorial representa una oportunidad para dinamizar al sector construcción, apuntalar el desarrollo inmobiliario, y reconfigurar el mapa del crecimiento en México. Con voluntad política, reglas claras y objetivos compartidos, la infraestructura puede convertirse en el gran motor del bienestar nacional.
Decálogo CMIC para el crecimiento de la infraestructura en México
▪ Incremento gradual de 2026 a 2030 y sostenido de la inversión pública, en colaboración con el sector privado hasta alcanzar el 6% del PIB.
▪ Creación de un organismo o instituto encargado de la planeación del desarrollo de infraestructura del país a corto, mediano y largo plazo.
▪ Incrementar significativamente los recursos destinados al mantenimiento de la infraestructura existente.
▪ Fomentar mecanismos transparentes de coinversión público-privada que asegure el financiamiento de proyectos estratégicos.
▪ Promover ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las necesidades de infraestructura para que sean consideradas en la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026.
▪ Colaboraremos con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en el establecimiento de un marco legal justo y claro.
▪ Impulsaremos mecanismos de transparencia para que las dependencias y entidades de los tres niveles del gobierno publiquen un informe mensual del avance físico y financiero de sus programas de obra pública.
▪ Fortalecer la Hacienda Pública en coordinación con los sectores productivos, con el objetivo de reducir la fuga recaudatoria mediante el combate a la informalidad, la evasión fiscal y la eliminación de privilegios fiscales injustificados, entre otras medidas.
▪ Continuaremos haciendo énfasis en la participación activa de las empresas constructoras formales en la ejecución de obras públicas, aprovechando su experiencia técnica, maquinaria especializada y personal capacitado.
▪ Continuaremos respaldando el Plan de Infraestructura impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, promoviendo esquemas de colaboración público-privada bajo principios de transparencia.