La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) expresó su preocupación por las modificaciones propuestas a la Ley de Amparo, al considerar que podrían debilitar la protección jurídica de los inversionistas y poner en riesgo el desarrollo de nuevos proyectos en el país.
Uno de los puntos más delicados, advirtió la ADI, es la incorporación de un artículo transitorio con efectos retroactivos, que afectaría a las empresas que actualmente tienen juicios de amparo en curso. Este cambio —subrayó la asociación— contraviene el principio constitucional de no retroactividad de la ley y podría tener repercusiones directas en inversiones ya comprometidas.
El sector inmobiliario, recordó la ADI, es particularmente sensible a la certeza jurídica. Si las nuevas disposiciones se aplicaran de manera inmediata, los proyectos enfrentarían mayores costos, retrasos y ajustes en su planeación, lo que incluso obligaría a renegociar contratos con inversionistas o clientes. Tales condiciones elevarían los riesgos financieros y, eventualmente, los precios finales para los consumidores.
Finalmente, la ADI reiteró su disposición a colaborar con los poderes públicos y con la sociedad civil para fortalecer la certeza jurídica, proteger la inversión y asegurar que el sector inmobiliario continúe siendo un motor clave del crecimiento económico, la generación de empleo y la creación de vivienda en el país.
