En un mundo financiero cada vez más interconectado, el flujo transfronterizo de capitales exige mecanismos igualmente globales de supervisión y transparencia. México, en un movimiento estratégico, se ha alineado con los más altos estándares internacionales al publicar en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 16 de julio de 2025, una reforma trascendental a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Reforma que, lejos de ser una mera carga burocrática para el sector privado, es la formalización de un nuevo pacto de credibilidad para la economía nacional y una oportunidad estratégica para el sector inmobiliario, históricamente vulnerable al blanqueo de capitales.

La reforma tiene un doble impacto. Por un lado, introduce una actividad vulnerable específica: la recepción de recursos para desarrollos inmobiliarios destinados a la venta o renta, con un umbral de reporte establecido en 8,025 UMA (aproximadamente $900,000 pesos). Esta medida, solicitada desde hace años por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), ataca un flanco desprotegido, regulando flujos de dinero que, por su volumen y naturaleza, podían pasar desapercibidos.

Por otro lado, y quizás de manera más profunda, la reforma eleva a rango de ley obligaciones que antes vivían en segundo plano a través de las reglas de carácter general o que incluso no estaban previstas en el marco del combate al lavado de dinero. Conceptos como el alta y registro de las personas que realizan actividades vulnerables, la elaboración de un manual de políticas internas y los controles internos reforzados dejan de ser meras directrices administrativas para convertirse en mandatos de ley. Esto consolida un marco de cumplimiento robusto y estandarizado, eliminando ambigüedades y fortaleciendo la arquitectura jurídica contra el lavado de dinero.

Desde una mirada cortoplacista, podría argumentarse que se incrementa la carga regulatoria. Sin embargo, una perspectiva estratégica revela todo lo contrario. La reforma institucionaliza al sector mediante estándares internacionales —auditorías independientes, controles automatizados, enfoque basado en riesgos— que actúan como un escudo. Reducen de manera tangible el riesgo de que una empresa, de manera inadvertida, se vea envuelta en operaciones ilícitas y sufra el devastador daño reputacional, financiero y legal que conlleva.

El sector inmobiliario mexicano es altamente vulnerable al lavado de dinero

Esta sincronización con los estándares del GAFI es, en esencia, un pasaporte para la credibilidad global. Para las filiales de empresas internacionales, simplifica la operación al permitirles alinearse con las políticas corporativas de sus matrices. Para las firmas nacionales, las eleva a un nivel de cumplimiento que las hace más atractivas para inversionistas extranjeros y socios comerciales que exigen estos sellos de garantía.

Uno de los aciertos más notables de la reforma es su pragmatismo. Reconoce que muchas de estas obligaciones ya eran una práctica común para actores serios y rigurosos, al estar previamente establecidas en disposiciones reglamentarias. Su incorporación a la ley brinda certeza jurídica, no necesariamente duplica esfuerzos para quienes ya operaban con integridad y estándares elevados.

Además, el fortalecimiento del marco de cumplimiento espontáneo es una pieza clave de ingeniería legal. Al clarificar los procesos y ofrecer beneficios para la regularización voluntaria, fomenta una cultura de autocorrección y colaboración proactiva con las autoridades, que es mucho más eficiente que un modelo puramente sancionador.

Consideramos que la publicación de esta reforma es el inicio, no la meta. Su implementación cabal dependerá de la emisión de las reglas de carácter general que precisarán los detalles operativos. El llamado al sector y a todas las actividades vulnerables es claro: en lugar de visualizar esto como una carga, debe entenderse como una inversión a la legitimidad.

Las organizaciones requieren en lo consecutivo de un diagnóstico inmediato para identificar qué aspectos se cumplen ya y en dónde deben enfocar sus esfuerzos. Esta no es una carrera por evitar sanciones, sino una oportunidad estratégica para cumplir con la normativa, blindarse, modernizarse y competir en un mercado global que ya no perdona la opacidad. México ha dado un paso firme hacia la madurez financiera; corresponde ahora al sector inmobiliario caminar con la misma determinación.

* Legal Counsel de JLL México