La iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, actualmente en discusión en el Senado, ha encendido alertas entre analistas y desarrolladores inmobiliarios, quienes advierten que su aprobación podría debilitar la seguridad jurídica, incrementar la incertidumbre y desalentar la inversión en México.
En un entorno ya marcado por la caída de la inversión privada, limitar los mecanismos de defensa frente a actos de autoridad podría frenar proyectos estratégicos y afectar el crecimiento económico del país.
Carlos Serrano, economista jefe de BBVA México, advirtió que los cambios planteados “no solamente van a afectar la recuperación en la construcción, sino que impactarán el nivel de inversión total del país”. Agregó que la propuesta “genera enorme incertidumbre” y “fomenta la posibilidad de que las empresas tengan que defenderse de actos de autoridad”, en un contexto donde la inversión privada ya muestra signos de debilidad.
De acuerdo con el especialista, en la primera mitad de 2025 la inversión total cayó 6.3%, y podría seguir disminuyendo “por la incertidumbre derivada de la Reforma Judicial”. Serrano alertó que, de sumarse los efectos de la Ley de Amparo, México enfrentaría “un entorno de inversión muy débil”.
Reforma a Ley de Amparo amenaza certeza jurídica e inversión inmobiliaria
En la misma línea, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) expresó su preocupación por el avance del proceso legislativo. Si bien reconoció ajustes positivos en la versión aprobada por la Cámara de Diputados —como la eliminación de la retroactividad en los juicios en curso—, señaló que aún persisten disposiciones que podrían comprometer la certeza jurídica y limitar la protección efectiva de los derechos constitucionales.
La ADI subrayó que la seguridad jurídica es esencial para detonar proyectos inmobiliarios de largo plazo, generadores de empleo y crecimiento urbano. En su posicionamiento, advirtió que restringir la suspensión de actos reclamados “podría generar un clima de inseguridad jurídica, debilitando la confianza en las instituciones y desincentivando la inversión en sectores estratégicos para el desarrollo del país”.
La asociación hizo un llamado al Senado para que, durante la revisión de la reforma, se prioricen la certeza jurídica, el acceso efectivo a la justicia y la protección de las garantías individuales, pilares indispensables para mantener la confianza de los inversionistas y asegurar un crecimiento sostenible.
Tanto analistas como desarrolladores coinciden en que, en un momento de desaceleración económica y alta necesidad de inversión productiva, debilitar los instrumentos legales de defensa no solo afectaría al sector inmobiliario, sino al conjunto de la economía nacional.
