El sector vivienda en México ha atravesado en las últimas dos décadas una transformación profunda, marcada por cambios en la política pública, ajustes en los esquemas de financiamiento y una reconfiguración del modelo de desarrollo urbano.
Durante ese periodo, especialmente en la administración de Felipe Calderón, el sector alcanzó niveles históricos de construcción y participación económica. El modelo estaba basado en la expansión horizontal de desarrollos habitacionales de gran escala, apoyados por subsidios públicos y financiamiento institucional.
Sin embargo, este esquema comenzó a mostrar limitaciones estructurales. La construcción de vivienda en zonas alejadas de los centros urbanos, con limitada infraestructura, servicios y conectividad, derivó en altos niveles de desocupación y abandono. El propio INFONAVIT ha documentado que una parte importante del inventario habitacional construido en ese periodo perdió valor por su ubicación y falta de integración urbana.
Este cambio de condiciones impactó de forma directa a las principales desarrolladoras del país en ese momento. Empresas como GEO, Homex y Urbi enfrentaron graves problemas financieros, que derivaron en procesos de reestructura y, en algunos casos, en su salida del mercado en su forma original, tras la contracción del modelo de vivienda masiva.
Con la llegada del gobierno de Enrique Peña Nieto, la política de vivienda se reorientó hacia el concepto de “vivienda adecuada”, con un enfoque más integral que incorporó criterios de ubicación, sustentabilidad, densificación urbana y calidad de vida. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) impulsó lineamientos para ordenar el crecimiento urbano y corregir los efectos del modelo expansivo previo.
Al mismo tiempo, el Estado ha retomado un papel más activo en la política de vivienda, con programas enfocados en la recuperación de vivienda abandonada, el impulso a la producción social y la ampliación del acceso a soluciones habitacionales.
