La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en voz de su presidente nacional, Luis Méndez Jaled, destacó la importancia de la Ley General de Infraestructura para el Bienestar, que reconoce al sector privado como aliado estratégico, a la vez de solicitar al Congreso un Parlamento abierto que escuche a todos los actores del ciclo de infraestructura, tanto como ejecutores de obra, academia, financieros, especialistas y legisladores.

La presencia-participación de la CMIC sería para acompañar el análisis de los proyectos con diagnósticos y su experiencia y así enriquecer la Ley en temas clave como la certificación de empresas, sostenibilidad, infraestructura verde y uso de tecnologías de vanguardia.

En conferencia de prensa subrayó que, la ley busca ampliar la inversión y elevar los estándares de calidad mediante proyectos mejor planificados, transparentes y con beneficios sociales y ambientales medibles. “Como institución respaldamos la visión de infraestructura para el bienestar y reiteramos el compromiso de sumar capacidades técnicas, experiencia y talento nacional para que esta ley se traduzca en obras de calidad y que mejoren las condiciones de vida de las y de los mexicanos”.

Para Méndez Jaled, el propósito es impulsar la inversión público-privada con un enfoque incluyente. “Los esquemas de inversión mixta son un acuerdo contractual, es decir, una alianza de largo plazo donde el sector público colabora con las entidades privadas tanto para construir como para operar, mantener y financiar infraestructura o servicios públicos esenciales”.

Y éstas ofrecen diversos beneficios entre los que destacan la reducción de la carga presupuestal del Estado al trasladar parte de los riesgos financieros y operativos al sector privado, menores tiempos de ejecución, estándares constructivos más estrictos y aprovechamientos de innovaciones tecnológicas, así como acceso a capital privado.

Para la CMIC; la iniciativa plantea cambios alineados con referentes internacionales que, si se implementa de manera justa y transparente como lo han pedido y lo han mencionado, puede convertirse en un verdadero motor para impulsar la infraestructura de nuestro país.

Infraestructura con propósito, clave para el crecimiento: CMIC

Entre los puntos más relevantes de esta iniciativa para la Ley destacan los siguientes:

▪ Aplica a dependencias federales, fideicomisos no paraestatales y gobiernos estatales o municipales, cuando se usan recursos federales mediante convenios.

▪ Propone la creación de la Comisión de Infraestructura para el Bienestar.

▪ Incorpora un índice de Medición de Beneficios y un Comité de Expertos.

▪ Cambia el enfoque de la rentabilidad financiera por el bienestar social.

▪ Busca priorizar el desarrollo equitativo y regionalmente justo, sobre todo en zonas históricamente rezagadas.

▪ Introduce objetivos ambientales, sociales y de justicia regional.

▪ Fortalece el papel del Estado como planificador.

▪Propone instituciones y sistemas nuevos para la planeación y supervisión nacional de infraestructura.

▪ Busca equilibrar relación público-privada y propone condiciones contractuales que beneficien al Estado y comunidades, no solo a los inversionistas.

Tras un estudio de Ley, la CMIC propone el siguiente decálogo:

1. Respaldo al objetivo central de la Iniciativa de la Ley General de Infraestructura para el Bienestar, impulsar inversiones mixto-público-privadas con legalidad, transparencia y justa distribución de riesgos.
2. Solicitamos al Congreso un Parlamento abierto que escuche a todos los actores del ciclo de infraestructura, tanto como ejecutores de obra, academia, financieros, especialistas y legisladores.
3. Ofrecemos acompañar el análisis con diagnósticos, con experiencias, para enriquecer la ley en temas clave como la certificación de empresas, la sostenibilidad, la infraestructura verde y el uso de tecnologías de vanguardia.
4. Proponemos acelerar el análisis, discusión y aprobación de esta iniciativa de ley, a efecto de contar con un marco jurídico que dé cada vez más certeza el financiamiento responsable a las obras estratégicas del Plan México.
5. Pondremos a consideración de Proyectos México (Banobras), los anteproyectos con potencial de inversión mixta en energía, en carreteras, en agua, en puertos y en movilidad urbana.
6. Respaldamos el enfoque social de la iniciativa, infraestructura como medio para garantizar derechos y cerrar brechas, y proponemos incluir el criterio de equilibrio territorial y sectorial en las inversiones mixtas.
7. Coincidimos también en corregir las asimetrías del esquema público-privado, con mayor transparencia, regulación pública y un Fondo de Infraestructura para el Bienestar, y solicitamos reforzar la contratación pública con adjudicación directa sólo como excepción y no de regla.
8. Apoyamos un paradigma centrado en bienestar, equidad y participación pública, con controles institucionales estrictos y mecanismos redistributivos. Proponemos el diseño de una metodología técnica y transparente de priorización de proyectos.
9. Proponemos la creación de un Instituto de Planeación que fortalezca la planificación estratégica y el desarrollo técnico de la infraestructura, asegurando la continuidad de los proyectos y evitando que se limiten a obras insignia de cada sexenio.
10. Ofrecemos incidir en la reglamentación, aportando insumos técnicos y metodológicos (IMB, transparencia, indemnizaciones), para que la voz del sector privado a través de la CMIC forme parte fundamental del cambio y quede reflejada en los nuevos lineamientos de la Ley.