Las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, sobre posibles deportaciones masivas no solo ponen en riesgo la estabilidad económica de México, sino que también podrían revertir avances en desarrollo urbano y vivienda, advirtió el Colegio de Urbanistas de México (ECUM).

Uno de los principales impactos estaría relacionado con la reducción de remesas, un recurso clave para la construcción y mejoramiento de vivienda en comunidades rurales y marginadas.

Actualmente, se estima que alrededor del 20% de las remesas enviadas a México se destinan a este sector, lo que representa una fuente esencial de financiamiento para miles de familias. De acuerdo con el ECUM, una disminución del 10% en el flujo de remesas podría frenar la construcción o mejora de hasta 50 mil viviendas al año.

Un reto inmobiliario sin precedentes

Más allá de la caída en remesas, la posible repatriación de millones de mexicanos podría generar una crisis habitacional sin precedentes. En un escenario extremo donde 12 millones de personas sean deportadas, se requerirían al menos 3 millones de viviendas adicionales en un corto plazo, según estimaciones basadas en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Esto representaría una presión sin precedentes sobre la infraestructura urbana, especialmente en estados con alta vulnerabilidad como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde más del 50% de las viviendas carecen de servicios básicos adecuados.

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Infraestructura al límite

Podría el retorno masivo de migrantes desbordar la ya frágil infraestructura de muchas comunidades. El ECUM advierte que este fenómeno podría traer consigo:

• Colapso de los servicios públicos:Agua potable, drenaje y electricidad podrían verse seriamente afectados ante un aumento descontrolado de la población.
• Escasez de vivienda adecuada:La falta de planeación podría propiciar la proliferación de asentamientos irregulares y condiciones de hacinamiento.
• Presión financiera sobre municipios:Con ingresos limitados y una menor captación de remesas, los gobiernos locales tendrán dificultades para ampliar o mejorar la infraestructura urbana.

Ante este panorama, el ECUM insta a una respuesta coordinada a nivel federal, estatal y municipal para mitigar los efectos de una eventual crisis urbana. Una solución viable sería la integración de nuevos desarrollos habitacionales en el Plan de Vivienda del Gobierno Federal, que contempla la construcción de un millón de viviendas.

Sin un plan estratégico de integración urbana y social, México podría enfrentar una crisis de desarrollo urbano sin precedentes, poniendo en riesgo décadas de progreso en la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos.