La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) hizo un llamado al Gobierno de la Ciudad de México para reconsiderar el enfoque del Bando Uno, advirtiendo que el control de rentas podría generar más problemas que soluciones en el acceso a la vivienda.

En su posicionamiento, la AMPI subrayó que limitar los precios de renta ha fracasado en varias ciudades del mundo, reduciendo la oferta de vivienda, desincentivando la inversión y provocando una oleada de litigios. "Necesitamos políticas modernas y eficaces, no repetir recetas que ya se probaron y no funcionaron", señaló la asociación.

El verdadero reto: Falta de vivienda asequible

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2024), siete de cada diez habitantes de la capital viven con tensión financiera por el pago de la renta. Sin embargo, AMPI aclara que solo el 12% de los contratos de arrendamiento superan los 25 mil pesos mensuales. La raíz del problema, asegura, está en la escasez de vivienda accesible: Se calcula un déficit superior a 350 mil unidades habitacionales en la Ciudad de México.

Controles que no funcionan

AMPI expuso ejemplos internacionales que demuestran los riesgos de imponer controles de precios. En París, la inversión inmobiliaria cayó 32% tras aplicar medidas similares. En San Francisco, propietarios convirtieron hasta 40% más viviendas en alojamientos turísticos. En Bogotá, la vivienda social se redujo un 18 por ciento. Además, en países como Alemania o Francia, casi 7 de cada 10 contratos con rentas congeladas terminan en tribunales, de acuerdo con la Comisión Europea.

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Cinco propuestas para una política incluyente

Por lo que, ante este escenario, la AMPI presentó cinco propuestas para mejorar el acceso a la vivienda sin recurrir al control de precios:

1. Banco de suelos con subsidios: Venta de terrenos públicos con un descuento del 30% para desarrolladores que destinen al menos el 50% de los departamentos a renta menor a 8 mil pesos mensuales.
2. Ley de Oferta Acelerada: Autorización exprés en un plazo máximo de 90 días para proyectos que reserven más del 40% de sus unidades a vivienda accesible.
3. Fideicomiso de Garantías de Renta: Un fondo gubernamental que funcione como aval para cubrir hasta seis meses de renta a inquilinos en situación vulnerable.
4. Impuesto a la vivienda ociosa: Aumento del 8% en el impuesto predial para propiedades desocupadas por más de un año en zonas con alta demanda, como ya se aplica en ciudades como Vancouver.
5. Observatorio de Rentas CDMX: Plataforma abierta con datos en tiempo real sobre precios, disponibilidad y desempeño de las políticas habitacionales.

AMPI concluyó su posicionamiento haciendo un llamado al diálogo y a la colaboración: “La Ciudad de México puede liderar el programa de vivienda accesible más ambicioso de América Latina, siempre que se construyan reglas claras que favorezcan tanto a los ciudadanos como a la inversión”.