En un paso clave para atender la falta de vivienda asequible en la capital del país, la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina presentó un acuerdo que simplifica drásticamente los trámites para desarrollar proyectos de vivienda social, pública y asequible.

Según la mandataria, este nuevo modelo de gestión reduce hasta en 85% los tiempos de respuesta de los permisos necesarios, acortando procesos que antes tomaban más de cuatro años a tan solo cuatro meses en promedio.

“Estamos dando a conocer esta simplificación de trámites y este golpe durísimo a los laberintos burocráticos que se enfrentan en todas las dependencias”, afirmó Brugada.

Un acuerdo para construir con justicia

Busca el nuevo Acuerdo de Facilidades Administrativas para la Producción de Vivienda Social Pública y/o Asequible eliminar las trabas que han frenado la construcción en zonas donde más se necesita, como el centro de la ciudad, donde la presión inmobiliaria ha generado expulsión de residentes y aumento en las rentas.

Brugada anunció que el acuerdo permitirá avanzar con mayor velocidad en proyectos clave, como un edificio de 27 departamentos en renta social, equipado con tecnologías sustentables y áreas verdes.

“Este acuerdo es un paso gigante para la construcción de una ciudad justa, democrática, sustentable, una ciudad que dé prioridad a la vivienda pública y asequible”, agregó.

¿Qué trámites se agilizan?

Se encuentran entre los cambios más relevantes:

• Impacto Ambiental: De 40 días a 1 día hábil, si no hay arbolado ni zonas protegidas.
• Programa Interno de Protección Civil: De 120 días a 10 días naturales.
• Dictámenes de seguridad estructural: De 225 días a 15 días.
• Opinión de valor de predios: De 4 meses a 1 mes.
• Factibilidad de servicios de agua: De 80 a 10 días hábiles.
• Además, la vigencia de los documentos se extenderá para evitar que caduquen durante el proceso.

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¿A quién beneficia?

Estas facilidades no solo impactarán los proyectos que realiza el gobierno capitalino, sino también los impulsados por el gobierno federal y organismos nacionales de vivienda, así como iniciativas ciudadanas organizadas, como el Colectivo Comuna Hogar, que trabaja en esquemas de renta para jóvenes.

Según Inti Muñoz Santini, secretario de Vivienda, el objetivo es garantizar vivienda digna para sectores vulnerables y detener los efectos negativos de la gentrificación.

La burocracia como freno al desarrollo

En México, los trámites burocráticos representan uno de los mayores costos para desarrollar vivienda social. De acuerdo con la Canadevi, pueden llegar a representar entre el 18% y el 19% del valor total de una vivienda.

Con esta medida, el gobierno capitalino busca acelerar la construcción y evitar que familias de bajos ingresos sigan siendo desplazadas por el aumento de precios en las zonas más céntricas.

Finalmente, con un presupuesto histórico de 9 mil millones de pesos para vivienda en 2025, proyectos en marcha y ahora procesos más ágiles, la Ciudad de México apuesta por un modelo de desarrollo más justo y accesible para todos.