Bajo el precepto de que la vivienda es un motor económico y un derecho humano, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), a través de su presidente, Luis Méndez Jaled, dio a conocer las propuestas de la organización para fortalecer la vivienda social, al considerar que millones de personas no viven en un sitio digno y seguro.

“Debe estar garantizado para todas las personas, con el esfuerzo del gobierno y la iniciativa privada”, comentó el dirigente. Basándose en datos del Inegi y Sedatu, actualmente, el 73% de las viviendas en México son informales y el rezago habitacional es de 9.6 millones.

Entre las causas de esta problemática social, apunta la CMIC, están el no contar con un empleo formal; ingresos bajos que les impide calificar para un crédito; la oferta institucional es considerablemente menor a la demanda de vivienda social; limitada reserva de suelo para el desarrollo urbano ordenado; falta de planeación urbana y regulación eficaz; altos costos, y falta de alternativas de financiamiento, ahorro previo y subsidios para vivienda nueva.

Lo anterior trae consigo consecuencias negativas para las familias, entre las que están: proliferación de asentamientos humanos irregulares; crecimiento urbano expansivo y desordenado, incluyendo zonas de alto riesgo; falta de servicios urbanos básicos de agua, luz, luminarias, pavimentación, bordones y banquetas; viviendas precarias, inseguras e insalubres, generadas mediante autoconstrucción que no cumplen con estándares de calidad, seguridad, habitabilidad y sostenibilidad; hacinamiento; costos excesivos para acceder a servicios básicos, y, problemas de salud pública.

Para la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la proyección de necesidad de domicilios particulares para 2050, será de 54.7 millones. “Estamos hablando de 16.7 millones de soluciones de vivienda que deben atenderse en apenas 25 años”, agregó Méndez Jaled.

Con base en lo anterior, y de cara al inicio de un nuevo gobierno, la CMIC propone los siguientes puntos para fortalecer la política de vivienda y desarrollo urbano sostenible en un clima de armonía y colaboración estrecha entre los sectores público, social y privado para ofrecer vivienda digna, segura, accesible y sostenible a la población, especialmente a los estratos de menores ingresos, a través de las siguientes acciones:

1. Impulsar una política de Estado en materia de vivienda, con certidumbre jurídica y acciones consistentes. El objetivo es generar más y mejores viviendas formales, respetando el Estado de derecho, los derechos adquiridos de los trabajadores y reconociendo el importante papel del sector privado en el desarrollo de hogares, con una política de vivienda consistente. “Hagamos lo que tengamos que hacer para construir más viviendas formales que informales, en beneficio de la población más vulnerable”, expresó el líder de la CMIC.
2. Impulsar un gran Acuerdo Nacional en favor del desarrollo de vivienda para las familias de menores ingresos y para las nuevas generaciones.
3. Fortalecer y diversificar el financiamiento para el desarrollo de vivienda.

Méndez Jaled explicó que es necesaria la reactivación y ampliación de créditos para la vivienda social nueva; el impulso del ahorro previo; y la diversificación de mecanismos de financiamiento. Para ello se propone crear un Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces para Vivienda Incluyente de los Trabajadores (FIBRAVIT).

4. Ampliar la oferta con subsidios al frente, directos, transparentes, individuales y focalizados en la población de hasta tres salarios mínimos para vivienda nueva con todos los servicios urbanos. “Estos subsidios bien asignados cuestan una décima parte de lo que, a valor presente, cuesta el subsidio a las tasas de interés de los créditos de Infonavit que reciben trabajadores con ingresos de 5, 6 o 7 salarios mínimos”, asentó el funcionario.
5. Fortalecer la planeación urbana. Los municipios deben impulsar un enfoque integral de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, movilidad sostenible y vivienda social, con planeación adecuada y regulación eficaz, en un clima de coordinación entre los sectores público, social y privado. El presidente nacional de la CMIC explicó que la elaboración y aplicación estricta de los planes de ordenamiento urbano son una obligación legal, no una potestad que se pueda evadir.
6. Reducir los costos de la vivienda con una regulación que fomente el desarrollo del mercado habitacional legal y con trámites simplificados y tecnología de vanguardia.
7. Promover una estrategia interinstitucional para generar reservas de suelo apto para el desarrollo urbano ordenado.
8. Incrementar los presupuestos de los tres niveles de gobierno para vivienda social y desarrollo urbano sostenible. “Los gobiernos son responsables de dotar a las ciudades de la infraestructura y servicios urbanos necesarios, bajo un modelo de urbanismo sostenible, con esquemas innovadores y transparentes de inversión y colaboración del sector privado”, anotó el directivo.
9. Promover el uso de tecnologías de vanguardia y de materiales sostenibles para la construcción de vivienda social, bajo un modelo de economía verde.
10. Incorporar las mejores prácticas en materia de resiliencia urbana y desarrollo de viviendas, ante los efectos del cambio climático.

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